Las próximas 24 horas serán cruciales en la frontera entre Israel y el Líbano, ya que ambas partes participarán en las operaciones militares finales antes de la prevista implementación de un nuevo acuerdo de seguridad. Los patrones históricos sugieren una intensificación de las actividades a medida que ambas partes buscan establecer posiciones favorables antes de que el acuerdo entre en vigor.
Es probable que esta dinámica se manifieste en un aumento de los ataques con cohetes contra territorio israelí y en amplias operaciones de la Fuerza Aérea israelí en todo el Líbano. La población civil tendrá que mantener un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad para evitar víctimas, mientras que las actividades militares ya se han intensificado, como lo demuestran los ataques del lunes contra posiciones de Hezbolá en Beirut y las operaciones israelíes denunciadas a lo largo de la frontera entre el Líbano y Siria, dirigidas contra amenazas previamente identificadas.
El acuerdo, que se espera que el gabinete apruebe hoy, está previsto que entre en vigor el miércoles. Las FDI suspenderán los ataques aéreos y navales contra el Líbano, al tiempo que mantendrán las operaciones de vigilancia sobre el espacio aéreo y las aguas libanesas. Las operaciones terrestres en el sur del Líbano se reducirán significativamente (ya se han desmovilizado miles de reservistas), aunque las posiciones estratégicas seguirán ocupadas para impedir intentos de infiltración y garantizar que Hezbolá no aproveche el cese de las hostilidades para restablecer posiciones en el sur del Líbano.
Durante un período de transición de 60 días, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) supervisará de cerca la implementación de las medidas. Los oficiales estadounidenses mantendrán canales de comunicación directos con los comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Ejército libanés, y actuarán como intermediarios en caso de que surjan quejas. Aunque inicialmente se propuso la presencia de observadores militares franceses, Israel retuvo su aprobación a la espera de que Francia se retractara de su postura respecto de las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra el Primer Ministro Netanyahu y el ex Ministro de Defensa Gallant.
El acuerdo se basa en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promulgada tras la Guerra del Líbano de 2006. Sus principales objetivos incluyen impedir el regreso de Hezbolá al sur del Líbano y detener la expansión militar de la organización y la producción de armas en territorio libanés. Las unidades reforzadas del Ejército libanés y las fuerzas de la FPNUL están encargadas de hacer cumplir la ley, aunque Israel conserva plena libertad operativa en caso de que se produzcan violaciones. El protocolo establecido sugiere que las quejas israelíes pasarían primero por los observadores estadounidenses, y que la acción militar se reservaría para los casos en que los canales diplomáticos resultaran ineficaces.
El acuerdo ofrece importantes ventajas estratégicas, pero conlleva ciertos riesgos. Entre sus puntos fuertes se encuentran el fin de las hostilidades con Israel, que se encuentra en una posición claramente superior, tras haberle infligido a Hezbolá importantes reveses militares y evitar al mismo tiempo posibles sanciones internacionales. La participación de Estados Unidos como garante, la desvinculación del Líbano del conflicto de Gaza y la posibilidad de que Israel se centre en la recuperación de los rehenes son logros diplomáticos clave. Además, el acuerdo permite la reorganización militar, reduciendo la presión sobre las fuerzas regulares y de reserva, al tiempo que se conservan las municiones. Tal vez lo más importante sea que presenta una oportunidad de disminuir la influencia tanto de Hezbolá como de Irán en el Líbano.
Desafíos pendientes
Las limitaciones del acuerdo son notables: no elimina por completo la amenaza militar a las comunidades del norte ni desmantela la estructura organizativa de Hezbolá. El grupo conserva capacidades políticas y militares, y es probable que busque oportunidades para reconstruir su arsenal y su presencia en el sur del Líbano. En consecuencia, Israel puede enfrentarse a enfrentamientos militares periódicos para contrarrestar las violaciones, lo que podría desencadenar ataques de represalia contra las comunidades del norte.
Aunque los llamamientos de los dirigentes comunitarios del norte para que se estableciera una zona de amortiguación formal en el sur del Líbano no se han atendido, las FDI sostienen que su metodología operativa, el despliegue de sus fuerzas y las medidas de seguridad fronteriza protegerán eficazmente a los residentes del norte y evitarán el retorno de Hezbolá a las zonas fronterizas. Sin embargo, la rehabilitación regional va más allá de las consideraciones de seguridad: requiere una acción gubernamental integral, que incluya una inversión económica sustancial y la resolución de las deficiencias crónicas en materia de infraestructura, educación, atención sanitaria y servicios sociales.
El acuerdo representa una oportunidad estratégica para que Israel concluya sus operaciones en condiciones favorables, aunque su eficacia dependerá de los acontecimientos futuros. Su aplicación estricta podría garantizar una estabilidad prolongada en el norte; una implementación inadecuada podría acelerar el próximo conflicto. A pesar de las críticas que sugieren que hubo presiones militares para que se firmara el acuerdo, sigue siendo fundamentalmente una decisión política: el gobierno israelí es responsable tanto de su ejecución como de su posible fracaso.
Fuente: Israel Hayom